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NUEVA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE LA ACCIÓN DIRECTA DE LA LOTT

 

En nuestra pasada Newsletter de noviembre de 2015 informábamos acerca del contenido de una Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid sobre la acción directa (Disposición Adicional Sexta de la LOTT).

 

En síntesis, lo que decía la resolución judicial es que si el cargador principal, u otro que hubiera intermediado en la contratación, paga los portes que le corresponden, el transportista efectivo que no ha cobrado, no podría dirigirse contra aquéllos, ya que supondría hacerles pagar dos veces. El Juez se basó para tomar esta decisión en el art. 1.597 del Código Civil.

 

Pues bien, una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza “le ha dado la vuelta a la tortilla” y estima la acción directa interpuesta por el transportista efectivo contra el cargador principal, aun cuando éste había pagado ya los portes a su contratista (insolvente), teniendo que pagar de nuevo por el mismo servicio.

 

Es relevante que la Sentencia sea de una Audiencia Provincial, tribunal jerárquicamente superior a los Juzgados de lo Mercantil, ya que, en principio, éstos últimos podrán seguir el criterio que ha marcado la Audiencia de Zaragoza sobre esta cuestión.

 

La Sala ha razonado para tomar esta decisión que:

 

- La acción directa se configura como una verdadera norma de garantía para el cobro de los portes por el transportista efectivo.

 

- Si el legislador hubiera querido impedir que un cargador se vea obligado a pagar dos veces el mismo transporte, lo habría indicado expresamente en el texto.

 

- Países de nuestro entorno, como Italia y especialmente Francia, tienen reconocida la acción directa en similares términos.

 

Para evitar reclamaciones de portes del transportista efectivo, nuestras sugerencias serían: i) prohibir la subcontratación a la agencia de transportes, ii) no pagar el porte a la agencia de transportes contratada hasta que ésta no facilite un escrito del transportista efectivo indicando que ha cobrado el precio, o iii) exigirle a la agencia una certificación de estar al corriente de pago con sus subcontratistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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