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VENTA JUDICIAL DE BUQUE POR AUTORIDADES PORTUARIAS

 

El Tribunal Supremo mediante Sentencia de fecha 18 de Diciembre de 2014, aclaró cuál era la interpretación que debía darse a la regulación contenida en la Ley de Puertos del Estado en su artículo 107 sobre la subasta de buques retenidos o depositados en la zona de servicios de los puertos y la competencia de las Autoridades Portuarias para llevar a cabo dichas subastas.

 

Esta sentencia analiza un supuesto de hecho en el que, la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, tras haber obtenido del Juzgado una orden de retención de un buque en garantía de un crédito, solicitó del Juzgado autorización para su venta en pública subasta, y concedida ésta procedió dicha Autoridad Portuaria a la subasta, fijando unilateralmente las condiciones de la subasta y sin que el Juzgado controlara la legalidad de las condiciones en las que se llevó a cabo dicha subasta.

 

Impugnada la validez de la subasta, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró que la Autoridad Portuaria NO tenía competencia para tramitar esa subasta y que el control de la legalidad de la misma le corresponde al Juzgado que ordenó la retención del buque, por lo que no habiéndose hecho así, la subasta era nula, por ser contraria a lo establecido en la Ley de Puertos del Estado, en su artículo 107.

 

La nueva Ley de Navegación Marítima 14/2014, al regular la venta forzosa de buques, en su artículo 480 dice al respecto:

 

“La venta forzosa del buque se ajustará a lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la normativa administrativa que resulte de aplicación para la subasta de los bienes muebles sujetos a publicidad registral en todo lo no previsto en el Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993 y en esta ley“.

 

Esta ley, a diferencia de la anterior, contempla la posibilidad de que la subasta se ajuste, bien a los trámites que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, para el caso de que sean los tribunales españoles los que efectúen la subasta, bien que pueda efectuarse con arreglo a las normas administrativas, con lo que de facto está legalizando la subasta por las Autoridades Portuarias, al margen del control de los órganos judiciales.

 

Sin perjuicio de ello, queda a salvo el control judicial “a posteriori” de la legalidad de las subastas realizadas por las autoridades portuarias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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